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Las detenciones se produjeron en el marco de un allanamiento realizado el sábado por la tarde -pero difundido hoy- en el centro de adicciones "Los Valientes", ubicado en Monsegur 4403 de la localidad de La Reja, tras la orden del fiscal Gabriel López, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial de Moreno.
Según explicó a la agencia Télam el jefe del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA), Gustavo Gauna, la investigación se inició con una denuncia realizada por inspectores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a partir de una serie de irregularidades detectadas durante una inspección reciente.
Según el comunicado emitido por la fuerza, el panorama descrito en la denuncia era "dantesco" porque, además de la falta de habilitación, se advirtió que "los internos estaban en condiciones infrahumanas, de hacinamiento, encierro y privación de la libertad, toda vez que los tenían encerrados bajo llave y puertas enrejadas".
"Con gran estupor se halló un joven menor de edad atado en el interior de un gallinero. Ante este escenario escalofriante, efectuaron un informe para la Fiscalía interventora", explicaron.
Pero, además, los patios de recreación estaban infestados de "aguas servidas", los baños "tapados" y las paredes "cubiertas de humedad".
Además, "solo tres profesionales" asistían a la población de internos, "no habiendo médico o un psicólogo para realizar seguimiento de los tratamientos", prosigue el comunicado.
"Tras haber recepcionando la denuncia por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Airess, la UFI N°8 de Moreno nos dio intervención al Departamento de Trata de Personas -del cual soy titular-, dentro de este rol investigativo que tiene la PFA", dijo Gauna
Ante esta situación se coordinó un trabajo de investigación con la colaboración del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Víctimas del Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que desembocó en el allanamiento que se hizo el sábado, precisó.
Tras una semana de investigación y "ante la prioridad" que representan presuntas víctimas en estado de "riesgo" y "vulnerabilidad" por su problemática de salud sumado al aislamiento, "la Justicia decidió otorgar un allanamiento que se libró el sábado por la tarde y se efectuó siguiendo el protocolo que utiliza el Departamento de Trata de Personas", explicó Gauna.
Durante el operativo, las profesionales del Programa Nacional que ingresaron junto con el personal de PFA entrevistaron en forma separada a todos los menores de edad y, en forma aleatoria, a los mayores, quienes manifestaron el deseo de retirarse del lugar para no tener que soportar más torturas físicas y psicológicas.
En varias de las entrevistas, las personas internadas indicaron que eran sometidos a castigos corporales -como golpes, cortes y ataduras-, hambre, sed y hasta torturas dado que algunos refirieron que "eran atados y sumergidos en una pileta de agua a modo de castigo correctivo".
Atento a esta situación, el fiscal ordenó al personal del Departamento de Trata el traslado de varias víctimas hasta la sede judicial, donde ayer por la madrugada se les recibió una amplia y pormenorizada declaración testimonial.
De sus testimonios surgieron acciones compatibles con torturas a modo de castigos, como ataduras, sumersiones y vejaciones.
Los jóvenes con consumo problemático indicaron que los familiares solo podían verlos cada 21 días, y que en todo ese momento debían estar acompañados por alguno de los coordinadores del lugar, para de esta forma controlar sus conversaciones y dichos.
Tras la inspección del lugar, los detectives procedieron a incautar varios teléfonos celulares de los responsables del centro, una computadora y varias historias clínicas, elementos que serán peritados en busca de información para la causa.
"Gracias a las diligencias realizadas, los menores fueron restituidos a sus familiares, y los mayores se retiraron del lugar, en compañía de sus seres queridos. Quedando clausurado ese centro del terror", dijeron.
En tanto, los detenidos están acusados preliminarmente de los delitos de "asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, amenazas y lesiones" -explicó Gauna- y por ahora "no están imputados del delito de trata", aunque "la investigación en curso y podría recaratularse" con el paso de las horas dado que "cuando se realizan las primeras actuaciones, había una sospecha" en ese sentido y por eso "el fiscal no dudó en darle intervención a este Departamento".
"La investigación está basada primero en la situación de privación de libertad y autonomía propia que estaban sufriendo las personas que estaban en el lugar, realizando un posible tratamiento a su adicción a las drogas", dijo Gauna.
Las pesquisas permitieron "determinar que una organización regenteaba el lugar", cuyos integrantes habrían obligado también a los internados a realizar "trabajos forzados en el lugar, de mantenimiento".
Consultado sobre sus similitudes con la causa por trata en la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir" de la localidad bonaerense de Berazategui en el marco de la cual estuvo detenido el animador Teto Medina, Gauna dijo que "por el momento no se determinó conexión con ese centro, pero la metodología del lugar era la misma, en cuanto a brindar un supuesto servicio" que no era tal.
"Los familiares de las víctimas pagaban una mensualidad para que estén en el lugar y tengan un tratamiento óptimo, pero hasta el momento no estaban dadas las condiciones como para que estén personas que padezcan este tipo de problemas", dijo.
En julio pasado, dos operadores de esta comunidad terapéutica allanada y clausurada habían dado una extensa entrevista en un noticiero de un canal de aire, donde se presentaban como "rescatadores" de jóvenes con problemáticas de consumo a quienes iban a buscar al rincón del país donde estén para proponerles internarse en "Los Valientes".
Fuente: (Zona Oeste Diario)
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