Días previos al desalojo, se secuestraron seis automóviles que se encontraban en un taller mecánico clandestino que funcionaba en el lugar. A su vez, vecinas y vecinos habían denunciado reiteradamente hechos de inseguridad en el inmueble, señalándolo como refugio de actividades ilícitas.
El procedimiento fue acompañado por la Secretaría de Seguridad del Municipio y personal del Ministerio de Seguridad de la Provincia, lo que garantizó un desarrollo preventivo y ordenado del desalojo. La medida fue dictada por el Juzgado de Faltas a cargo del Dr. Martín Barcala debido al peligro inminente de derrumbe y la precariedad de las instalaciones eléctricas, que ponían en riesgo a sus ocupantes y a la comunidad.
El operativo demandó tres meses de trabajo interdisciplinario e involucró a distintas dependencias municipales. Las áreas de Obras Particulares y Habilitaciones Comerciales elaboraron informes sobre el estado irregular del edificio, mientras que la Secretaría de Gobierno y Justicia, el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR), y la Secretaría de Desarrollo Comunitario la relocalización de sus ocupantes.
Actualmente, el edificio permanece bajo custodia municipal, una acción que consolida y refuerza el compromiso del Gobierno local en las políticas de ordenamiento territorial y seguridad en el distrito.
Fuente: (Zona Oeste Diario)
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